Suprema Corte de Justicia dio marcha atrás y dejó sin efecto el cierre de 20 juzgados, entre ellos, Piriápolis. Primó la sensatez y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió suspender la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119 que disponía el cierre de 20 juzgados en todo el país, entre ellos, el Juzgado de Paz de la 5ª Sección con sede en Piriápolis, como lo informó oportunamente diario La Prensa. Desde estas páginas saludamos la noticia, aunque la lucha por mantener el Juzgado de Piriápolis abierto sigue, ya que se ha lanzado una campaña de recolección de firmas para presentar ante la SCJ, por ello, se convoca a los vecinos a firmar en los juzgados de Pan de Azúcar y Piriápolis. El Poder Judicial abrió «un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales».
Tras la publicación de diario La Prensa, varios actores políticos y el Colegio de Abogados de Maldonado, se manifestaron sobre el tema, expresando su rechazo a la decisión de la SCJ. El diputado por Maldonado, Eduardo Antonini (Frente Amplio), escribió en su cuenta Twitter: «En Maldonado cierra el Juzgado de Piriapolis, lo que genera preocupación en la población y aumenta las brechas y las diferencias; no todos pueden trasladarse a Pan de Azúcar. La Ley, pareja para todas y todos. Estamos trabajando para poder corregir esa lamentable situación» subrayó el legislador.
Por su parte el también diputado por Maldonado, Diego Echeverría (Partido Nacional), señaló: «Lo que sucede con la Acordada 8119 de la Suprema Corte de Justicia es preocupante. Significaría un complejo retroceso en el acceso a la Justicia. Por eso pedimos su concurrencia a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. En el caso de Maldonado el Juzgado de Paz de la 5° Sección Judicial del Departamento (Piriapolis) sería absorbido por el de la 3° Sección (Pan de Azúcar), cosa que nos preocupa por las consecuencias operativas y en la defensa de derechos que atraería» sostuvo el diputado.
El Colegio de Abogados de Maldonado, emitió una declaración que publicamos íntegramente al final de la página, manifestando por unanimidad, «su más honda preocupación ante la repentina decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia, dada a conocer el viernes 20 de agosto, de suprimir diversos juzgados en el país, y específicamente en el Departamento de Maldonado, de eliminar el Juzgado de Paz de la Quinta Sección Judicial, con Sede en la ciudad de Piriápolis»
«Esta inesperada supresión, sumada a la del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 12º Turno, y antes el Juzgado de Paz de la Cuarta Sección Judicial (Aiguá), supone un nuevo retroceso en la administración de Justicia. Lo cual resulta incomprensible, cuando al mismo tiempo se anuncia con la mayor pompa –y con total prescindencia de este Colegio, al que no se notició siquiera– la creación de una Sede especializada en Violencia de Género con competencia departamental, que extrañamente funcionará fuera de la capital, con todos los problemas que ello significará para los usuarios del servicio»
Son solamente algunas de las voces que manifestaron su repudio a la noticia del cierre del Juzgado de Piriápolis, decisión que atinadamente fue suspendida.
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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió suspender la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119 de reorganización de comunidades geográficas (divulgada mediante Circular nº 92/2021 del 19/ago/2021) que tenía la finalidad de optimizar “los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes”. La decisión se funda en la existencia de «posturas publicitadas por diferentes actores institucionales» que dan mérito al interés del Poder Judicial de «abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales».
Acordada Nº 8120:
En Montevideo, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores Tabaré Sosa Aguirre -Presidente-, Elena Martínez Rosso, Bernadette Minvielle Sánchez y Luis Tosi Boeri, con la asistencia de su Secretaria Letrada doctora Gabriela Figueroa Dacasto,
DIJO:
I) Que por Acordada Nº 8119, comunicada por Circular Nº 92/2021, de 19 de agosto del corriente año, se dispuso la reorganización de comunidades geográficas de los Juzgados de Paz del Interior que se mencionan en la acordada referida;
II) Que la motivación de la misma fue el déficit presupuestal generado a este Poder del Estado desde el año 2005, que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros, etc.) y que ha requerido una continua política de abatimiento de costos.
III) Que en particular, para las sedes mencionadas en la acordada de referencia, se ha considerado la baja carga de trabajo jurisdiccional que poseen, así como el traspaso de sus funciones de Registro de Estado Civil al Ministerio de Educación y Cultura a partir del 1º de enero de 2022, tomando asimismo en consideración sus costos operativos que en la actualidad ascienden a $ 12.368.571 anuales, excluidos los gastos asociados a remuneraciones.
IV) Que la Suprema Corte de Justicia se ve en la necesidad de aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género (Ley Nº19580).
V) Que en efecto, en el último proyecto de presupuesto, se solicitó la instalación de ocho nuevos Juzgados con la mencionada competencia en el interior del país (también seis en la capital); pero sólo se habilitaron por el art. 542 de la Ley Nº 19924 tres Juzgados en el interior, sin cubrirse los costos de locales, gastos de funcionamiento ni retribuciones para los cargos funcionales necesarios. No obstante ello, se dispuso su vigencia con fecha 1º de julio de 2021.
VI) Que al ser imposible la instalación de los antes mencionados juzgados en el actual marco presupuestal, se envió al Parlamento proyecto de ley a fin de prorrogar la misma para el 1º de julio de 2022, sin haber obtenido respuesta hasta el presente.
VII) Que, dadas las posturas publicitadas por diferentes actores institucionales, es de interés del Poder Judicial abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales.
ATENTO:
a lo expuesto y de conformidad con lo que prevén los artículos 239 ord. 2º de la Constitución de la República y 55 num. 6º de la Ley Nº 15750;
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE:
1º.- Suspéndese la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119 de 12 de agosto de 2021.
2º.- Comuníquese, publíquese en el Portal Corporativo y en el sitio web.
Dr. Tabaré SOSA AGUIRRE
Presidente
Suprema Corte de Justicia
Dra. Elena MARTÍNEZ ROSSO
Ministra
Suprema Corte de Justicia
Dra. Bernadette MINVIELLE SÁNCHEZ
Ministra
Suprema Corte de Justicia
Dr. Luis TOSI BOERI
Ministro
Suprema Corte de Justicia
Dra. Gabriela FIGUEROA DACASTO
Secretaria Letrada
Suprema Corte de Justicia
