Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron como “regresivos, negacionistas y promotores de impunidad” los proyectos de ley que buscan otorgar prisión domiciliaria automática o excarcelación a condenados por crímenes de lesa humanidad. Advirtieron que las iniciativas constituyen una “afrenta a la memoria de las víctimas, violan obligaciones internacionales del Estado uruguayo y reabren, por otras vías, la lógica de la Ley de Caducidad”.
En conferencia de prensa realizada en la sede del PIT-CNT, el Observatorio Luz Ibarburu y distintas organizaciones sociales vinculadas a los DDHH, rechazaron las iniciativas legislativas que promueven la prisión domiciliaria para quienes cometieron genocidio durante el terrorismo de Estado comprendido entre 1968 y 1985.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan los proyectos de ley presentados por el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, que plantea la excarcelación de “toda persona condenada por hechos ocurridos hasta el 1º de marzo de 1985” que supere los 75 años de edad, mediante una solicitud ante la Justicia; y por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que dispone la prisión domiciliaria preceptiva -sin intervención judicial- a partir de los 70 años de edad.
Embestida revisionista
La responsable de la Secretaría de DDHH del PIT-CNT y directora del Observatorio Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, denunció una “embestida revisionista que niega los gravísimos delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, deben ser perseguidos y siguen ocurriendo hasta el día de hoy, ya que, por ejemplo, el delito de desaparición forzada continúa cometiéndose en tanto no se conozca el destino de las víctimas”. En ese sentido, señaló que es necesario dar la voz en relación con la oposición absoluta a las iniciativas de prisión domiciliaria para estos criminales.
“Somos parte de esta red de organizaciones sociales que velamos por la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, porque haya memoria, porque haya verdad y porque haya justicia”, afirmó.
Asimismo, recordó al conjunto del pueblo que la posición es que “resulta absolutamente insultante pedirle a una madre a la que no le han devuelto a sus hijos, pedirle a una persona que fue abusada sexualmente, pedirle a alguien a quien le robaron su identidad o a quien le arrebataron a su padre, a su madre, a su hermano, a su tío, a su tía o a sus primos, que se reconcilie con los victimarios”.
Forma encubierta de impunidad
A su turno, el asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, doctor Pablo Chargoñia, afirmó que los dos proyectos de ley que proponen la prisión domiciliaria no constituyen una novedad, ya que han existido otros intentos que fracasaron a partir de la resistencia de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, advirtió que se está ante un “rebrote enmarcado en una corriente negacionista que se da en Uruguay y en otros países de la región, y que tiene como expresión una ideología de banalización o, peor aún, de reivindicación de los períodos del terrorismo de Estado que tanto sufrimiento han producido a los pueblos”.
Desde el punto de vista jurídico, sostuvo que estos proyectos de ley, en sí mismos, “violentan el deber internacional que el Estado uruguayo tiene de promover y proteger los derechos humanos, ya que cualquier forma de beneficio a autores o coautores de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad constituye un debilitamiento del control de la responsabilidad por esos crímenes y promueve una atmósfera de impunidad que no garantiza que las nuevas generaciones no vuelvan a soportar violaciones masivas a los derechos humanos”.
Uruguay -afirmó-“tiene el deber de legislar en un sentido exactamente contrario al que proponen estos proyectos, investigar cabalmente, realizar una justicia eficaz, oportuna y en tiempo, y proteger a las víctimas”.
Según Chargoñia, estos proyectos “intentan beneficiar y otorgar ventajas a los autores de crímenes de lesa humanidad que, según el derecho internacional, son considerados enemigos del género humano”. Al hacerlo, constituyen “una forma encubierta de impunidad, un insólito restablecimiento de la impunidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986, por la vía de la excarcelación y el beneficio de la prisión domiciliaria”.
Indicó que conceder beneficios a personas indagadas, imputadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad, aun en el marco del debido proceso, “constituye una forma de traición y ofensa a la memoria de las víctimas, de los desaparecidos y de los ejecutados”. Es, además, una “burla al dolor de los miles de hombres y mujeres que fueron gravemente afectados por el terrorismo de Estado”.
Explicó que la eventual sanción de estos proyectos implicaría una “violación del deber que Uruguay tiene de promover los derechos humanos”, recordando que organismos internacionales ya se pronunciaron en contra de iniciativas similares que finalmente naufragaron. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que banalizar o minimizar las sanciones penales genera un efecto simbólico que debilita la defensa de los derechos humanos. “Esta posición corresponde a un órgano encargado de controlar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.
En la misma línea, dijo que “relatores de Naciones Unidas han advertido que cualquier forma de banalización o beneficio a quienes fueron condenados por los crímenes más aberrantes de la historia nacional implica un incumplimiento del Estado en su deber de promover los derechos humanos”.
Por estas razones, sostuvo que, de aprobarse estos proyectos, la Cancillería uruguaya se vería obligada a “responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos de Naciones Unidas”. Asimismo, reafirmó que todas las personas indagadas, imputadas, procesadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad lo han sido en el marco del debido proceso, lo que marca una diferencia sustancial entre un Estado democrático de derecho y lo que ocurría durante la justicia militar y el terrorismo de Estado. “Todos tuvieron la oportunidad de defenderse plenamente en todas las instancias judiciales, incluso ante la Suprema Corte de Justicia”.
El letrado subrayó que “no se registra ningún caso de procesamiento o condena sin plena prueba, revisada en doble instancia, derecho humano reconocido por el Estado democrático”.
Señaló además que “aproximadamente la mitad de los imputados, procesados o condenados ya gozan del beneficio de la prisión domiciliaria de acuerdo con la ley vigente, en casos de enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, lo que demuestra que no existe justificación alguna para estos nuevos beneficios, que solo buscan favorecer, en el marco del negacionismo, a quienes cometieron crímenes imperdonables”.
También indicó que las personas detenidas en el establecimiento penitenciario Domingo Arena, ubicado en una unidad militar, y en el establecimiento de la Guardia Republicana, “se encuentran en condiciones de alojamiento absolutamente diferentes y mucho más ventajosas que las del resto de la población carcelaria”.
“Domingo Arena parece más un hogar de retiro que una cárcel”, afirmó, y calificó como “cínico y falso cualquier argumento humanitario a favor de los detenidos allí”.
Por su parte, Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, señaló que el proyecto del senador Bordaberry es “enormemente dañino y regresivo”, y destacó la “fortaleza de la lucha que se ha dado desde la sociedad, respaldada por muchísimos ciudadanos en todo el país”. Afirmó que se trata de una “afrenta a un movimiento grande, digno e importante que se desarrolla en Uruguay”.
A su turno, Beatriz López, de Memoria en Libertad -organización que nuclea a niños, niñas y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado- expresó que se manifiestan contra la prisión domiciliaria para los condenados por crímenes de lesa humanidad y contra la reconciliación. Señaló que los legisladores “pretenden enviar a sus casas a responsables de cautiverio, robo, desaparición de niños y niñas, torturas físicas, exilio, secuestro, robo de bienes, persecución, clandestinidad y abuso sexual, tanto en hogares como en cuarteles, centros clandestinos de reclusión y penales”.
Recordó que eran “niños jugando con pelotas y muñecas mientras militares les apuntaban con armas”, y rechazó la teoría de los dos demonios. Afirmó que estas personas “contaron con todas las garantías del debido proceso, con situaciones de privilegio y atención en salud, a diferencia del resto de la población carcelaria”.
Subrayó que se trata de crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose día a día, y reafirmó el rechazo a la prisión domiciliaria, al olvido y a la reconciliación, en nombre de la memoria, la verdad y la justicia, y del nunca más terrorismo de Estado.
Desde las demás organizaciones también se manifestó que el comunicado de prensa que acompañó el proyecto del senador Bordaberry, en el que se habla de “verdad sin venganza, memoria sin odio y justicia humanizada”, expresa lo que ellos sostienen, pero no lo que plantean las organizaciones. Señalaron que la verdad se busca desde hace mucho tiempo y que se han abierto todas las posibilidades para que se entregue información, sin que ello haya ocurrido.
Asimismo, cuestionaron la noción de “memoria sin odio”, recordando que las placas conmemorativas vandalizadas no fueron dañadas por las organizaciones de derechos humanos, sino por quienes están del otro lado. Consideraron “obsceno hablar de justicia humanitaria, ya que toda la justicia ha sido humanitaria y humanizante, y es la que actualmente tienen los condenados”. Concluyeron que “sin justicia no hay paz y que la justicia es el único camino para garantizar la no repetición”.
Datos
De la conferencia realizada esta jornada en la sede del PIT-CNT, participaron Fernanda Aguirre, responsable de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical; Pablo Chargoñia, abogado defensor de víctimas del terrorismo de Estado y miembro del Observatorio Luz Ibarburu; así como integrantes de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, Memoria y Libertad, SERPAJ, las fundaciones Mario Benedetti y Zelmar Michelini, y FUCVAM, además del PIT-CNT.
Martín Pereira (COFE): «Lo que se busca no es humanidad sino impunidad»
El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está «hecho a la medida» para beneficiar a los represores de la dictadura.
Pereira analizó el contexto en el que dicha iniciativa se ha colocado en la escena nacional. «En los últimos días ha vuelto a instalarse en el debate público un proyecto de ley impulsado por el diputado Rodrigo Goñi que propone habilitar —y en algunos casos prácticamente imponer— la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad mayores de determinada edad. A primera vista, y despojado de contexto, podría parecer un planteo “humanitario”. Pero cuando se analiza en profundidad, queda claro que no estamos ante una iniciativa neutra ni inocente, sino ante un proyecto hecho a la medida para beneficiar a represores de la dictadura, responsables de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestro país», apuntó.
«Seamos claros: una discusión de este tipo podría entenderse si el proyecto excluyera expresamente a quienes fueron procesados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos. Pero eso no ocurre. Y cuando no se excluye lo que debe ser excluido, lo que se busca no es humanidad, sino impunidad», subrayó.
«En Uruguay hubo terrorismo de Estado. Hubo centros clandestinos de detención. Hubo torturas sistemáticas. Hubo violaciones a compañeras detenidas. Hubo niñas y niños apropiados. Hubo personas desaparecidas cuyo destino seguimos sin conocer. Nada de eso es pasado cerrado, porque mientras haya desaparecidos sin verdad y sin justicia, los crímenes continúan».
Según el presidente de COFE, «quienes cometieron estos delitos no son presos comunes. Fueron agentes del Estado que utilizaron el poder público para violar todos los límites éticos, jurídicos y humanos. Por eso, a nivel internacional, estos crímenes son considerados imprescriptibles y no susceptibles de amnistías, perdones encubiertos ni beneficios especiales. No lo decimos desde la bronca; lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, que Uruguay ha suscrito y está obligado a cumplir. Plantear que la edad por sí sola debe habilitar la prisión domiciliaria, sin analizar la naturaleza del delito, es igualar lo que no es igual. Es poner en el mismo plano a quien robó para comer y a quien torturó, violó y desapareció personas desde el aparato del Estado. Es borrar deliberadamente la historia y el sufrimiento de las víctimas».
Más adelante, Pereira señaló que «el Diputado Goñi no puede desconocer —y no lo desconoce— que este tipo de proyectos beneficia directamente a represores condenados o procesados. Por eso es legítimo afirmar que estamos ante un intento político de liberar dictadores, torturadores y violadores, muchos de los cuales jamás dijeron dónde están los restos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas».
Por otra parte, el dirigente de la FFSP interpeló sobre el fondo del asunto. «Hablan de “humanidad”, pero ¿dónde estuvo la humanidad cuando se torturaba? ¿Dónde estuvo cuando se violaba a detenidas indefensas? ¿Dónde estuvo cuando se arrojaban cuerpos al mar o se enterraban en predios militares? ¿Dónde estuvo cuando se robaban identidades y se destruían familias enteras?».
Pereira sostuvo que «las víctimas envejecieron esperando justicia. Las madres y familiares van murieron sin saber la verdad. Y aún hoy hay familias que no pueden hacer duelo porque el Estado —el mismo Estado que hoy algunos quieren volver a proteger— nunca les dio respuestas. El juicio y el castigo no son venganza, son justicia. Son una señal ética de que como sociedad no todo vale, de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Renunciar a eso es renunciar a la memoria, a la democracia y al “Nunca Más”. Por eso decimos con total claridad: los delitos de lesa humanidad no deben ser relativizados, revisados ni beneficiados por atajos legales. Cualquier proyecto que no excluya explícitamente a los responsables de esos crímenes es un retroceso democrático y una afrenta a la historia reciente de nuestro país. Y defender los derechos humanos también implica defender el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Y en eso no puede haber ambigüedades».
Por último, el presidente de COFE remarcó que «es necesario decirlo sin rodeos: si el diputado impulsor de este proyecto no corrige explícitamente la iniciativa y no deja fuera de toda posibilidad de beneficio a los torturadores, violadores y responsables de crímenes de lesa humanidad, entonces deja de ser un mero promotor de una mala ley para convertirse en cómplice político de esos actos. Porque cuando se pretende aliviar la condena de quienes sembraron terror, dolor y muerte desde el Estado, se está eligiendo una postura. Y esa postura no es el de las víctimas, no es el de la democracia y no es el de los derechos humanos. La historia juzga. Y también juzga a quienes, pudiendo defender la memoria, la verdad y la justicia, eligen mirar para otro lado», sentenció.
Fuente PIT-CNT
